Salamanca, 3 de mayo de 2025 – Desde el 1 de mayo de 2025, está en vigor la Ley 2/2025, una reforma legislativa que modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social para mejorar la protección de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Esta normativa establece que la declaración de incapacidad permanente ya no será causa automática de extinción del contrato de trabajo. En su lugar, se exige una evaluación previa para determinar si es posible realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo o reubicar al empleado en otro compatible con su situación.
Principales novedades de la Ley 2/2025
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Suspensión del contrato con reserva de puesto: Se modifica el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores para incluir un periodo de suspensión del contrato entre la declaración de incapacidad permanente y la adaptación o cambio de puesto de trabajo, garantizando la reserva del puesto durante este tiempo.
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Evaluación de ajustes razonables: La extinción del contrato por incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad se condiciona a la imposibilidad de realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo o de reubicar al trabajador en otro compatible.
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Modificación terminológica: Se actualiza la terminología en la legislación laboral y de seguridad social, sustituyendo “gran invalidez” por “gran incapacidad” y “invalidez no contributiva” por “incapacidad no contributiva”, en línea con la reforma del artículo 49 de la Constitución Española.
Impacto en empresas y trabajadores
Esta reforma implica que las empresas deben analizar cuidadosamente cada caso de incapacidad permanente antes de proceder a la extinción del contrato, considerando la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo o reubicar al empleado. Para los trabajadores, se refuerzan sus derechos y se promueve su inclusión y permanencia en el mercado laboral.
Desde Abogados Tejada, especializados en Derecho Laboral, ofrecemos asesoramiento tanto a empresas como a trabajadores para adaptarse a esta nueva normativa y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales.
